
María Reyes Maroto Illera, Ministra de Industria, Comercio y Turismo del Reino de España, quien visita Cuba al frente de una amplia delegación que participa en la Feria Internacional de Turismo FITCuba 2019
Continúa incrementándose el respaldo internacional a Cuba frente a las agresiones del actual gobierno de Estados Unidos, en particular la activación del título tercero de la ilegal ley Helms-Burton y el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, lo que se expresa en declaraciones públicas de dirigentes y funcionarios de diversos países y en los movimientos de solidaridad con el pueblo cubano, cuyos integrantes alzan sus voces para denunciar la escalada injerencista de la administración del soberbio rubio despeinado Donald Trump.
No faltan los juristas que desde una mirada pragmática se preguntan cómo afrontarán los tribunales estadounidenses las demandas que ya se efectúan basándose en una Ley de carácter extraterritorial, que en realidad no aplica a ningún otro estado, a no ser sobre la base del chantaje al que están acostumbrados los mandatarios de la nación norteña, muy especialmente el actual usufructuario de la Casa Blanca.
Tales expedientes implican gastos multimillonarios para el sistema judicial estadounidense sin que en realidad se vean respaldados por ninguna contrapartida confiable, de manera que esos esfuerzos burocráticos carecen de fundamento y no conducirán a ninguna parte.
La más reciente reacción proviene de España, cuya ministra de Industria, Comercio y Turismo, María Reyes Maroto Illera, acaba de declarar en La Habana que su gobierno rechaza la activación del Título III de la Ley Helms-Burton y «pondrá en marcha todas las medidas posibles para defender los intereses de las empresas españolas en Cuba».
La Titular se encuentra en La Habana para participar en FitCuba 2019 y emitió sus declaraciones el lunes en conferencia de prensa, difundida por la Televisión cubana, en cuyo decurso indicó que la administración de Trump «ha generado el rechazo de la comunidad europea» e influye de forma negativa sobre el empresariado español con intereses económicos en la Isla.
El diario Granma en su edición digital destacó la insistencia de Maroto en el compromiso del Gobierno de la nación ibérica de defender los intereses legítimos de las compañías que poseen proyectos con la Mayor de las Antillas; aun cuando EE. UU. no toma en cuenta el parecer de socios tradicionales como la Unión Europea (UE) y Canadá, e incluso, de diversos sectores estadounidenses.
Trascendió que la administración española abogará por sus empresarios mediante dos ámbitos: las competencias que tiene como gobierno; y en el marco de la Organización Mundial del Comercio y de la Comisión Europea, mediante el Estatuto de bloqueo.
Este último instrumento prohíbe la ejecución de sentencias judiciales de EE. UU. relacionadas con el Título III de la Ley Helms-Burton dentro de la UE; y fue aprobada en 1996 por sus miembros para protegerse de sus efectos extraterritoriales. De acuerdo con la Ministra, crearán espacios en España y Cuba dedicados a aclarar dudas y preocupaciones al respecto, e informarán a todos los empresarios qué significa esta activación y los mecanismos de protección existentes. El proceso –dijo– será largo, y por eso apostarán por hallar mediaciones con el gobierno estadounidenses.
En el encuentro con la prensa trascendió que los empresarios españoles mantienen sus deseos de invertir en Cuba; y que, además del turismo, existen motivaciones en otras actividades estratégicas como las energías renovables, el transporte y la infraestructura.
Recuerda Granma que España es el país invitado de honor de FitCuba, el evento más importante de la industria turística en Cuba este año; ocupa el noveno lugar del mercado entre los principales países de emisión y el quinto de la región europea. Al cierre de 2018 superó los 167 000 visitantes a la Isla; posee la mayor conectividad aérea y el mayor peso en la inversión extranjera en el turismo.
Cámara de Comercio de EE UU advierte sobre contragolpes
«Muchas empresas norteamericanas ahora serán sometidas a contragolpes en Europa, Canadá, América Latina y otros lugares», advirtió la Cámara de Comercio estadounidense en un comunicado, que recuerda las posibles demandas que habrán de instrumentarse, las que entorpecerían sin dudas las relaciones comerciales de la propia nación norteña con terceros países.
La Cámara de Comercio sostuvo que Estados Unidos estableció un mecanismo legal para certificar y procesar los reclamos de propiedad de sus ciudadanos en Cuba y en otros lugares, precisamente para evitar que tal escenario se desarrolle. Además, consideró que esta acción no está en concordancia con el compromiso de la administración de mantener fuera de peligros a las empresas estadounidenses legalmente autorizadas y previamente animadas a hacer negocios en Cuba.
También expresaron su rechazo varios representantes del Partido Demócrata, entre ellos la congresista por Florida, Kathy Castor, quien precisó que «el anuncio de la administración de Trump de nuevas restricciones de línea dura en Cuba causa dolor a las familias».
En un editorial The New York Daily News expuso —bajo el título El retroceso cubano: Trump se mueve en la dirección equivocada en Cuba— que aislar a la Isla fue la estrategia durante la Guerra Fría y no tuvo éxito.
La coalición contra el bloqueo Engage Cuba precisó, en la voz de su presidente, James Williams, que Trump «está haciendo esto por una razón, y solo por una razón: apaciguar a los de línea dura en el sur de la Florida antes de las elecciones de 2020».
«La única forma de obtener lo que merecen los reclamantes de propiedad es a través de las negociaciones diplomáticas, y el presidente Trump acaba de botar la mesa», sentenció Williams.
Destacó además que «el pueblo cubano ya está luchando bajo tremendas dificultades, y estas acciones solo las empeoran. Necesitamos una política que se centre en empoderar al pueblo cubano y promover los intereses estadounidenses, no en continuar con una política fallida de 60 años que solo sirve a la política doméstica marginal en el sur de la Florida».
Asia, Europa y América Latina rechazan desacato al derecho internacional
China se dejó escuchar a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores que llamó a Washington a corregir su postura hostil, denunció el carácter extraterritorial de tales sanciones y su desacato al Derecho Internacional y exigió el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba hace 60 años.
«El respeto mutuo, el tratamiento en igualdad de condiciones, la coexistencia pacífica y la cooperación de ganancia compartida son las mejores vías para desarrollar nexos entre distintos países del mundo», precisó el vocero de la Cancillería china.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunció, mediante un comunicado, que continuará resguardando las empresas y organizaciones mexicanas que hacen vida en Cuba y las que decidan establecer intercambios con la nación caribeña.
En el texto se rechaza la aplicación de leyes comerciales unilaterales con carácter extraterritorial y se reitera que ante las afectaciones a empresas que hacen negocios en y con Cuba, «el Gobierno de México protegerá a esas empresas mexicanas que pudieran ser afectadas».
En Europa se difundió un documento conjunto entre la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini; la comisaria de Comercio, Cecilia Malmstrom; y la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, en el que se critica la decisión de EE. UU. de implementar el Título III de la Ley Helms-Burton y se anuncia la aplicación de medidas legales contra Washington si sus países sufren afectaciones.
En Rusia, el viceministro de Exteriores, Serguéi Riabkov, calificó de «alarmantes» las nuevas acciones de EE. UU. contra Cuba y Venezuela, y dijo que su Gobierno hará lo posible para que estos dos países perciban su apoyo. Riabkov señaló que las sanciones son «absolutamente ilegales e ilegítimas» y mostró satisfacción por las posiciones asumidas por Canadá, México y la Unión Europea.
La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, precisó este jueves que su Gobierno «está en contra de cualquier sanción unilateral» y que este tipo de medidas deben ser tomadas en instancias internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Numerosas organizaciones de solidaridad refutaron en Bélgica el anuncio de Washington de comenzar a aplicar el Título III de la ley Helms-Burton, lo cual consideraron una nueva violación del derecho internacional.
El gobierno británico criticó la decisión estadounidense de reactivar la estrategia de sanciones y presión comercial contra Cuba, y aseguró que trabajará junto a la Unión Europea para “proteger” sus intereses empresariales en la isla. “La aplicación extraterritorial de las sanciones del título III, que consideramos ilegal bajo la ley internacional, amenaza con dañar a las empresas británicas y europeas que hacen negocios legales en Cuba, al exponerlas a demandas judiciales en Estados Unidos”, explicó el comunicado del Foreign Office.
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