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Administrar, entre otras acepciones, significa: Dirigir una institución; ordenar, disponer, organizar, en especial la hacienda o bienes. También desempeñar o ejercer un cargo, oficio o dignidad.
Se puede administrar bien o mal. En el primer caso se obtienen resultados positivos, en el segundo se abre el grifo del despilfarro y este puede alcanzar cifras inimaginables.
Para administrar bien es imprescindible ejercer el control ordenado sobre la existencia, uso y destino de los medios materiales, responsabilidad del que administra, conforme a la Ley y a las prácticas contables y de planificación vigentes.
Para administrar mal solo hay que olvidarse de los controles, cerrar ojos y oídos al entorno y dejar que cada quien “se defienda como pueda”.
De acuerdo con cifras oficiales de la Contraloría General de la República (CGR), en 2017 las malas administraciones detectadas a través de inspecciones y otras comprobaciones causaron pérdidas económicas por un valor de ocho mil millones de pesos en moneda total.
Obviamente el señalado en un daño económico inferior al que realmente sucede, habida cuenta se refiere solo al resultado de comprobaciones ejercidas y no incluye, por supuesto, lo que ocurre en centros que no fueron auditados o inspeccionados.
Derivadas de la XII comprobación nacional al control interno de la CGR en 2017 se registraron más de 5 600 medidas disciplinarias, de las cuales: 59,5 por ciento son amonestaciones, 16.7 por ciento multas a trabajadores, nueve por ciento separaciones definitivas y 5,6 por ciento demociones definitivas de acuerdo con la fuente oficial.
Trascendió que fueron identificados 177 presuntos hechos delictivos notificados a la Fiscalía General, el Ministerio del Interior y la Controlaría en sus respectivas instancias para determinar a los culpables y las sanciones correspondientes.
Durante 2017 también se detectaron 915 procesos de diferentes categorías, 635 de los cuales corresponden a inspecciones, comprobaciones económicas y otras acciones de control externas y 280 a acciones de los mismos organismos.
Los referidos daños a la economía se refieren a incumplimientos de los planes económicos, adeudos de las empresas estatales con el presupuesto, subdeclaraciones de aportes al fisco por trabajadores no estatales, cuentas por cobrar y pagar, entre otras causas.
El asunto de las malas administraciones es recurrente. Sobre él se ha trabajado mucho y continúan haciéndolo las instituciones correspondientes, pero todavía los resultados son insuficientes.
La gran batalla hoy es contra nuestras propias limitaciones y deficiencias en todos los sectores, como ha enfatizado el presidente Raúl Castro.
Es evidente que la principal responsabilidad corresponde a los funcionarios administrativos, que deben velar por la prevención de hechos delictivos y garantizar que los mecanismos de control y supervisión mantengan a buen recaudo los recursos materiales puestos bajo su custodia, pero sin burocratizar procedimientos que frenen el desarrollo de la producción y los servicios.
Es esta una verdad elemental que se aprende en cualquier curso de administración y se corrobora en el quehacer de cada día, el mismo que aún muestra que subsisten serias deficiencias en el control administrativo, desde la falta de contabilidad e inventarios actualizados, hasta la ausencia física en centros laborales del personal encargado de velar in situ por el control interno, la disciplina laboral y otras obligaciones elementales, lo que abre puertas al desorden y propicia el delito.
Gladys Bejerano, máxima autoridad en este asunto, ha subrayado que todavía persisten serios problemas y vulnerabilidades, por lo que resulta decisiva la conducta y preparación de los directivos y funcionarios, a quienes corresponde, en primer lugar, encabezar en su entidad el respeto a la legalidad y los compromisos contraídos.
El costo monetario del descontrol administrativo en realidad es una cifra alta, desconocida, a la que debemos sumar el costo moral, intangible, cuando irresponsables y delincuentes permanecen impunes.
