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Desde enero de 1959, las fuerzas internas contrarias a los procesos de cambios que impulsaba la Revolución trataron de colocar zancadillas a cada una de las acciones y decretos que se dictaban. Y, a pesar de que estas primeras leyes no causaron grandes pérdidas a los intereses privados de la industria, la burguesía industrial cubana no apoyó las medidas revolucionarias que favorecieron sus propios intereses.
En febrero de ese año, el gobierno revolucionario dictó la Ley Fundamental, la cual estableció los lineamientos básicos de un nuevo régimen político, económico y social. Este derecho, presupuesto del Derecho Internacional Público, había sido ya sancionado en la esfera internacional en la Carta de la Organización de Naciones Unidas en 1945 corno inalienable e imprescriptible.
El Artículo 24 de esa Ley Fundamental construía los cimientos para la confiscación de bienes “del Tirano depuesto el 31 de Diciembre de 1958 y de sus colaboradores, los de las personas naturales o jurídicas responsables de los delitos cometidos contra la economía nacional o la hacienda pública, los (bienes) de las (personas) que se enriquezcan o se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del Poder Público, y los de las personas que fueren sancionadas por la comisión de delitos que la Ley del Poder Público, y los de las personas que fueren sancionadas por la comisión de delitos que la Ley califica de contrarrevolucionarios, o que para evadir la acción de los Tribunales Revolucionarios abandonen en cualquier forma el territorio nacional, o que habiéndole abandonado realicen actividades conspirativas en el extranjero contra el Gobierno Revolucionario”.
Bajo ese precepto, el 13 de octubre de 1960, el presidente Osvaldo Dorticós Torrado firmó la Ley N° 890, la que en su Introducción refería que se daba paso a la nacionalización mediante “la expropiación forzosa de todas las empresas industriales y comerciales, así como las fábricas, almacenes, depósitos y demás bienes y derechos integrantes de las mismas”.
Fue una de las dos medidas radicales tomadas por la Revolución Cubana este día. La otra fue la Ley 891, que dio paso a la nacionalización de los bancos cubanos y extranjeros, con excepción de los canadienses.
Mediante la Ley 890 el Gobierno Revolucionario procedió a la expropiación forzosa de 382 grandes empresas industriales, entre ellas 105 ingenios azucareros, 18 destilerías, 6 de bebidas alcohólicas (como la Compañía Ron Bacardí S.A.), 61 de textiles y confecciones, 16 molinos de arroz, 47 almacenes de víveres, 11 tostaderos de café, 13 tiendas por departamentos, 8 empresas de ferrocarriles, 19 de construcción y 13 marítimas. Esta Ley había sido precedida por la firma de la Ley N°851 del 6 de julio de 1960, por la cual se nacionalizaban las propiedades norteamericanas en Cuba.
Estos instrumentos legales, a los que se une la Ley de Reforma Agraria, fueron los que radicalizaron la Revoluciòn, y determinaron la agresividad posterior del gobierno norteamericano y toda la burguesía nacional que encontró refugio en Miami y otras ciudades de Estados Unidos.
El sábado 15 octubre de 1960, el Comandante en Jefe Fidel Castro, a la sazón Primer Ministro de Cuba, compareció en un programa especial para responder las interrogantes de un panel de periodistas. Carlos Rafael Rodríguez, quien formaba parte del panel, preguntó al Jefe de la Revolución por qué dos bancos canadienses fueron excluidos de la Ley de la Banca.
Fidel, respondió: “…sencillamente porque esos dos bancos están prestando un gran servicio al Gobierno, de carácter internacional al viabilizar las operaciones comerciales, de importación y de exportación; es decir, todos los trámites de pago, los están realizando estos bancos y están prestándole un servicio a la Revolución, a través de sus casas matrices en Canadá” […] “nosotros tenemos siempre que hagamos una ley que tener en cuenta todos estos hechos para ir desenvolviendo todo el proceso revolucionario y utilizando todos los medios y todas las facilidades que se presenten. Así que esa es la razón por la cual los dos bancos canadienses no fueron incluidos en la Ley.”
Para concluir, Fidel se preguntaba: “¿cómo es eso de nacionalizar empresas nacionales? No, nacionalizar quiere decir pasar a poder de la nación. Eran empresas privadas de ciudadanos o de entidades cubanas, pero no son empresas nacionales, y por eso es que se llama Ley de Nacionalización de Empresas que no eran nacionales, sino eran empresas particulares. Son dos casos distintos, dos legislaciones distintas y no hay que preocuparse mucho por eso. Si a nosotros nos siguen las agresiones económicas, nosotros seguimos nacionalizando empresas norteamericanas, de acuerdo con aquella legislación”.
