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Con unos dos millones y medio de jubilados y pensionados y alrededor de medio millón de personas acogidas a beneficios de seguridad social por causas diversas, en 2019 Cuba afrontará gastos crecientes en acápites económicamente improductivos, pero necesarios en el contexto de justicia social de nuestro sistema socialista.
Para garantizar servicios básicos a la población, especialmente los correspondientes a sectores de Educación y Salud Pública, el presupuesto de la nación destina el 51 por ciento del total.
Se trata de una proporción realmente impresionante para un país de poco más de 11 millones de habitantes de los cuales el 20 por ciento rebasó los 60 años de edad, índice con progresiva tendencia a incrementase y por ende a disminuir el de fuerza laboral activa, la creadora de bienes y servicios que permiten el cumplimiento de planes económicos sobre los cuales se sustentan los gastos y el imprescindible desarrollo progresivo.
Consecuentemente, el límite de las prestaciones lo establece objetivamente el potencial económico-presupuestario de la nación, que, como han explicado expertos es eminentemente social, compatibilizado con los niveles de actividad planteados en el Plan de la economía para garantizar la sostenibilidad de las políticas públicas en bien de nuestro pueblo, que se instrumentan en la actualización del modelo económico.
Obviamente, se exige un uso racional, adecuado y eficaz de los recursos, pues se trata de un fundamento moral que debe regir al proveer a los que necesitan ser asistidos como parte de la justicia social que caracteriza la obra de la Revolución, de acuerdo con conceptos subrayados por Fidel Castro durante su comparecencia pública del 17 de marzo de 2005.
Durante la más reciente reunión del Consejo de Ministros, que evaluó el desempeño de la economía durante 2018 y las perspectivas para 2019, el presidente Miguel Díaz Canel-Bermúdez subrayó que se ha conformado «un Plan realista y cumplible, que garantice el desarrollo y crecimiento, potenciando la utilización de las reservas internas».
Explicó que el programa anual se enfoca en respaldar programas priorizados, servicios básicos a la población y abastecimiento de los principales productos, con una mayor presencia en la circulación mercantil minorista de las líneas económicas.
Destacó que el Presupuesto del Estado ampara importantes políticas sociales como las pensiones y prestaciones de la seguridad y la asistencia social; así como el respaldo, entre otras, a las medidas sobre la Dinámica Demográfica; los subsidios a la venta de materiales de construcción y lo concerniente a la Tarea Vida.
Por supuesto, la seguridad social cuesta cara al país. Quiero decir a los que trabajan y crean las riquezas materiales, en un contexto que exige el perfeccionamiento de sistemas monetarios y de retribución capaces de estimular cada vez más la productividad y la permanencia laboral.
Las gratuidades y beneficios a costa del presupuesto deben corresponder a normativas y controles estrictos, que no estimulen la ociosidad ni permitan a algunos aprovechados vivir a costa de los demás mediante actitudes de simulación o engaño con propósitos de recibir suplementos monetarios inmerecidos.
