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La persistencia de indisciplinas, ilegalidades y hechos de corrupción administrativa detectadas por la Contraloría General de la República durante el año 2018, evidencian la necesidad de seguir profundizando en este asunto de vital trascendencia para la economía del país y el saneamiento de prácticas que erosionan principios de sustentación de nuestro sistema socioeconómico y político.
Así se desprende del informe presentado durante la reciente reunión del Consejo de Ministros por parte de la contralora general de la República, Gladys Bejerano Portela, el cual precisa que aunque en las entidades se aprecia mayor percepción del riesgo y de la urgencia de implementar sistemas de control interno efectivos, enfocados hacia una mejor gestión económico-administrativa, los males indicados antes persisten, y no se ha logrado frenar la ocurrencia de indisciplinas, ilegalidades y hechos de corrupción.
De acuerdo con la reseña de las colegas Leticia Martínez Hernández y Yaima Puig Meneses, publicada en el sitio digital del diario Granma, el informe de la Contraloría insiste en que en el origen de los aspectos negativos indicados antes se mantienen vulnerabilidades en los sistemas contables; falta de documentación y registros primarios; tratamientos contables incorrectos; ausencia de cuadres diarios y la no emisión de vales de entrega o devolución de los productos, con un débil monitoreo de las estructuras responsables de la supervisión y contrapartida.
Cabe señalar que se trata de asuntos que se reiteran en las inspecciones y auditorias, como se evidencia cuando se revisan informes anteriores, de ahí la necesidad de extremar medidas prácticas que garanticen de una vez progresos en la erradicación del sangramiento que sufre la economía estatal, especialmente por parte de quienes desde posiciones de dirección reiteradamente lucran y dejan lucrar con los bienes del Estado.
El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel-Bermúdez enfatizó en que como parte del enfrentamiento a las ilegalidades hay que eliminar también la problemática del robo de combustible, respecto a lo cual ya se han ido adoptando varias medidas.
Al respecto, el titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, recordó en la reunión que se han retirado unas 180 toneladas de combustible a las entidades que han tenido calificación de de un deficiente en las acciones de control para enfrentar el robo de combustibles, como parte del cumplimiento acuerdo del Consejo de Ministros referido a reducir en un 50 % de lo asignado para las tareas administrativas en las entidades con mala evaluación.
Díaz Canel mencionó la reciente comprobación llevada a cabo en un grupo de bases de transporte de los consejos de la administración provincial, donde se ratificó que las deficiencias más comunes coinciden con algunas de las señaladas por la Contralora para el resto de los delitos, como la falta de documentos primarios que justifiquen niveles de actividad; el deterioro de los índices de consumo; el descontrol en las tarjetas magnéticas, y la mala utilización de los GPS.
En muchos casos, las deficiencias tienen lugar en las entidades que no tienen planes de enfrentamiento definidos; por tanto no hay control y ello es una responsabilidad de los dirigentes, a quienes corresponde un papel más protagónico para lograr un uso más eficiente del combustible.
Control Interno no es solo para detectar delitos
Como en anteriores ocasiones, Bejerano Portela reiteró que el sistema de control interno no es solo para detectar delitos, precisamente es para evitarlos y lograr una gestión eficiente. «Donde no hay un sistema de control eficaz, los resultados son efímeros o no existen».
El problema más grave –valoró la Contralora– está en las unidades y empresas. De ahí la importancia de dedicar más tiempo a ir a la base y ordenar nuestro trabajo en función de escuchar más a las personas. «No hacemos nada con que los compañeros vayan a cursos y adquieran conocimientos teóricos si no tienen habilidades de dirección».
Al comentar sobre el tema, la ministra del Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, reconoció que tanto en la actividad mayorista como minorista de su sector es donde se concentra la mayor cantidad de hechos delictivos en el país, de ahí que la actividad del organismo se ha enfocado a prevenirlos.
Comentó que persiste falta de conciliación en las unidades, donde se está realizando la mayor depuración de los actos y se toman medidas para lograr que la contabilidad funcione.
Una reflexión elemental del comentarista: parece imprescindible que la toma de medidas incluya informaciones concretas sobre hechos y personajes que, a pesar de advertencias, cursos, seminarios, informes y enunciados propósitos de enmiendas, siguen siendo protagonistas de impunidades que reiteran las faltas recurrentes que detecta la Contraloría.
