--Arbitraria Sanción de Washington a banco suizo 

Roberto Pérez Betancourt

El gobierno de Estados Unidos acaba de ejecutar una más de sus muchas arbitrariedades al imponer  una multa de 536 millones de dólares al Credit Suisse Bank por  realizar transacciones que violaron las leyes del bloqueo contra  Cuba y ayudar a países enemigos de Washington.
Es una clara manifestación del carácter extraterritorial e ilegal de la actuación de la Administración estadounidense, empeñada durante más de medio siglo en estrangular a las familias cubanas, a pesar de la inmensa opinión en contra de la comunidad internacional reiterada este año en la ONU por 187 de las 192 naciones allí representadas, las que respaldaron el informe de Cuba.
El anuncio de la sanción fue hecho por Eric Holder, Procurador General de EE.UU.             en una declaración que precisa que, en el caso de Cuba, el banco   realizó 32 transferencias electrónicas por más 323 000 dólares, da a conocer despachos de varias agencias de noticias.
Al anunciar un acuerdo con el banco, con sede en Suiza, que permitió  a los investigadores norteamericanos acceder a todos sus registros,  consideró Holder que "tanto en su alcance como en su complicidad, la  conducta criminal perpetrada por el Credit Suisse, es asombrosa".
Las transferencias se hicieron entre agosto del 2003 y diciembre de  2009 a través de instituciones financieras de Estados Unidos, en aparente violación de la ley del bloqueo y de las regulaciones que  señalan a Cuba como "un país colaborador con el terrorismo", añade la nota dada a conocer por el Procurador General estadounidense.
De acuerdo con lo publicado por el sitio digital Cubadebate, esta no  es la primera vez que un banco suizo aparece en un caso de  represalia por violar las leyes del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, que prohíben transacciones financieras con la Isla.
En mayo de 2004, la Unión de Bancos Suizos (UBS) pagó una multa  millonaria a Estados Unidos por permitir que países como Cuba, Iraq,  Libia y Yugoslavia utilizaran un programa internacional de la  Reserva Federal para la sustitución de billetes de dólares en mal   estado.

Escandalosa intromisión en asuntos cubanos y de otros países

El bloqueo económico, comercial y financiero que el gobierno de Estados Unidos mantiene contra Cuba desde hace prácticamente medio siglo, es escandalosamente  extraterritorial y lesivo de la soberanía de muchas naciones.
Desde el triunfo mismo de la Revolución cubana, en enero de 1959, las autoridades estadounidenses  cursaron instrucciones dirigidas a bloquear  el normal flujo de negocios de la Isla con empresas de ese país,  sus filiales en diversas naciones y entidades de otras partes del mundo.
El documentado expediente de daños y perjuicios causados a la economía cubana, cada año se debate en la Asamblea General de  Naciones Unidas y fue presentado de nuevo este miércoles al pleno de la ONU.
El bloqueo constituye el principal obstáculo para el desarrollo económico y social del país y una flagrante violación de los  derechos humanos de todo el pueblo cubano. Cuba continuará exigiendo  su levantamiento y no cejará en su empeño hasta lograr su  eliminación que sistemáticamente ha condenado  por abrumadora mayoría el injerencismo estadounidense en el desarrollo socioeconómico de la ínsula, extendido también a otros pueblos del orbe.
Como mayor muestra de intromisión extraterritorial en los asuntos de Cuba, en el año 1992 el congreso norteamericano aprobó la  ley Torricelli, mediante la cual fueron suprimidas  transacciones que aún se mantenían con ciertas subsidiarias estadounidenses en países extranjeros, y se aplicaron otras sanciones arbitrarias.
Solo en 1991 el comercio de Cuba con las citadas entidades ascendía a 718 millones de dólares, de los cuales el 91 por ciento se refería a alimentos y medicinas, lo que fue drásticamente suprimido, con lo cual también fueron afectadas las naciones donde radicaban las empresas aludidas.
La propia ley Torricelli prohibió la entrada a EE.UU., por un período de 180 días, de buques, cualquiera fuera su nacionalidad o bandera, que tocaran puerto cubano o transportaran mercancías hacia Cuba o por cuenta de esta, bajo amenaza de incluirlos en una “lista negra”.
Tal disposición –vigente aún--, viola  elementales normas de  libertad de comercio y navegación, establecidas por el Derecho y acuerdos internacionales y las disposiciones de  Naciones Unidas en la materia, y de hecho somete a otros países a la voluntad arbitraria del gobierno norteamericano.
Esa realidad se tornó todavía más cruda contra Cuba cuando en  1996 Estados Unidos adoptó la llamada Ley Helms-Burton, que añadía la intención de entorpecer el incipiente proceso de inversión extranjera en forma de capitales, tecnología y mercados que propiciaba  la Isla.
Así, EE.UU. pregonaba  su auto concedida facultad imperial para decidir asuntos que por derecho constituyen únicamente responsabilidad y atribución de   otros estados.
En realidad, toda la historia del bloqueo es también la reseña del genocidio contra el pueblo cubano, pues las restricciones impuestas a la adquisición de productos básicos han derivado en graves afectaciones para la ciudadanía y también para las naciones que se han visto avasalladas en su soberanía.
Aunque los voceros y gobernantes estadounidenses insisten en que el bloqueo, que llaman eufemísticamente embargo, es  asunto bilateral, la práctica cotidiana demuestra todo lo contrario: Se trata de una guerra económica y comercial sucia contra Cuba, en interés de someterla a los designios de Washington, que por más de dos siglos ha intentado vanamente apoderarse de ella.
Otro ridículo ejemplo de esa extraterritorialidad del bloqueo lo reflejó el diario brasileño O’Globo, el 28 de septiembre último, cuando refirió cómo la política externa norteamericana influye en el financiamiento a simples consumidores de la nación sudamericana.
Cuando la brasileña Vania María Parreira intentó financiar la compra de una computadora de la marca DELL, fue interrogada sobre si intentaba viajar a Cuba; después de responder afirmativamente, le negaron el crédito.
La empresa DELL de Brasil confirmó al diario O’Globo que su decisión se debió a las restricciones en la política de importaciones hechas por el gobierno de Washington, lo que en opinión del abogado Eurivaldo Becerra, publicada en el propio rotativo, se trata de un criterio discriminatorio lesivo del artículo quinto de la Constitución brasileña.
Obviamente, esta simple transacción minorista, negada a una ciudadana brasileña, subraya el extremo demencial y la escandalosa extraterritorialidad del bloqueo del gobierno estadounidense contra el pueblo de Cuba. (TVY) (18/12/09).