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Del informe rendido por la diputada Lina Pedraza Rodríguez, ministra de Finanzas y Precios, en el octavo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su VIII Legislatura, para presentar el anteproyecto de Ley del presupuesto del Estado para el 2017 se desprende la necesidad de un mayor control y disciplina administrativa por parte de las entidades que rigen su desempeño sobre la base de ese sistema de financiamiento.
Esa conclusión se deriva de las propias palabras de la titular del ramo cuando precisó que “en el control (del presupuesto de 2016) no es visible un avance, se continúan detectando violaciones relacionadas con la falta de análisis de las ejecuciones de los presupuestos en los Consejos de Dirección, incorrecto método de planificación, insuficientes análisis de los Estados Financieros, riesgos en la tesorería que limitan la detección oportuna de errores y propuestas de acciones que contribuyan a perfeccionar la gestión administrativa.”
Y es que el presupuesto para la cobertura de obligaciones financieras de diversa índole exige un chequeo constante por parte de los especialistas de las entidades presupuestadas y especialmente de las direcciones administrativas que correspondan, de manera que no se viole lo establecido y pueda satisfacerse lo previsto para los trimestres del año y no sea necesario, como le ha sucedido a algunas entidades, anunciar que increíblemente se les agotó el presupuesto para cubrir compromisos de pagos contraídos en determinadas actividades, lo que evidentemente denota elemental falta de control, no compatible con la profesionalidad que debe caracterizar el ejercicio de una dirección administrativa en cualquier esfera laboral.
En relación con el presupuesto para 2017, la Ministra precisó que su elaboración ha demandado un dinámico proceso de consultas con los órganos, organismos y organizaciones superiores de Dirección Empresarial, en correspondencia con las etapas y variantes evaluadas en el Plan de la Economía, y contiene la aplicación de nuevas medidas atendiendo a los ingresos previstos, entre ellas:
Reducción del Impuesto por la Utilización de la Fuerza de Trabajo, para disminuir gastos en el sector empresarial y presupuestado, según lo previsto en la Ley del Sistema Tributario.
Los gobiernos locales dispondrán del 50 por ciento de los aportes por la Contribución Territorial para el Desarrollo Local, en adición a su presupuesto para financiar proyectos fuera del plan.
Los consejos de la Administración Provincial podrán captar hasta el 10 por ciento de los ingresos obtenidos por este tributo, en los municipios que determinen, para equilibrar recursos en otros que reciben menores ingresos por este concepto.
Las empresas estatales continuarán reteniendo hasta el 50 por ciento de las utilidades después de impuestos, con el objetivo de disponer de fuentes financieras que respalden su desarrollo, la estimulación económica de sus trabajadores y otros destinos autorizados. No está previsto aprobar porcientos mayores, dada la demanda de ingresos que presenta el Presupuesto para toda la sociedad.
Se refuerzan y amplían las acciones conjuntas con la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria para el enfrentamiento a los que incumplen el pago de multas y deudores de impuestos, trabajo dirigido a combatir la impunidad, como antes expresamos.
Se aplican medidas en la operatoria de varios tributos para hacerlas más expeditas, simplificar tareas en áreas económicas y reducir vulnerabilidades.
Las adecuaciones descritas, junto con la observancia de las normas técnicas y operativas, el control sistemático y la disciplina en la ejecución de las partidas presupuestadas y en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, deben caracterizar en 2017 el desempeño de las entidades presupuestadas para bien de la economía del país y el cumplimiento de los parámetros previstos en el plan. (TVY)(05/01/17)
